La mala hora de Lula: ahora acusado por la Policía

© Reuters / A.F.P. El expresidente Lula da Silva, el mandatario más pupular de Brasil, regresó recientemente a la política para defender su legado y afrontar las acusaciones en su contra. En el círculo, Dilma Rousseff. Como en una tormenta perfecta, la crisis económica y el escándalo de corrupción que amenazan la estabilidad de la presidenta Dilma Rousseff ya alcanzaron al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, ícono de la política brasileña en este siglo. En efecto, la semana pasada la Policía Federal pidió que Lula sea citado a declarar en el escándalo Lava Jato (Lava Carro), según el cual las principales empresas constructoras pagaron sobornos por conseguir contratos con Petrobras. En mayo, ya le habían abierto una investigación por tráfico de influencias a favor de empresas brasileñas que recibieron contratos en países como Cuba. La Justicia procesó a José Dirceu, cofundador del partido y mano derecha de Lula en su primer mandato (2003-2007), acusado de haber recibido 3 millones de dólares, y a João Vaccari Neto, de depositar estos dineros en las arcas del PT, quienes habrían testificado que el presidente tendría conocimiento de los hechos. La acusación socava su figura, justo después de haber anunciado su interés en regresar al poder, y la de Rousseff, cuya popularidad está en el nivel más bajo desde la restauración democrática en 1985. Con el boom de las materias primas, Brasil se fue para arriba en la primera década del siglo XXI. Junto con Rusia, India y China creó el grupo BRIC, las agencias calificadoras le dieron el ansiado rating AAA, el país se convirtió en el tercer receptor de inversión extranjera directa en el mundo detrás de China y Estados Unidos, y el mayor de América Latina: solo en 2016, recibió 62.495 millones de dólares, según dijo a SEMANA el economista argentino Jorge Castro, especialista en Brasil. Este colosal desarrollo alimentó la aureola de Lula, el primer presidente obrero de América, elegido en 2002 y reelegido en 2006: en una década, 28 millones de brasileños engrosaron las filas de la clase media. Pero el escándalo del mensalão estalló en 2005 y comenzó a enturbiar el horizonte, cuando se descubrió una red de aportes de empresas a las arcas del PT. Dilma, sucesora de Lula desde 2011, empezó a perder popularidad antes de terminar su primer mandato, con protestas que amenazaron el Mundial de 2014. A duras penas logró ser reelegida, y con el escándalo del Lava Jato, las cosas se complicaron aún más. Varios partidos se retiraron del gobierno, y el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, del PMDB, que hasta ahora fue el principal aliado del PT, pasó a la oposición. El coctel de desaceleración china, caída de las materias primas y la recuperación de Estados Unidos, que provocó una salida masiva de capitales hacia Wall Street, fue letal para Brasil: entró en recesión, el déficit fiscal llegó en julio a su nivel más alto desde 2001 y el real se devaluó 41 por ciento. Standard & Poor’s le quitó al país el grado AAA, y si otra agencia hace lo mismo, el país puede perder acceso al crédito. Como respuesta, el ministro Joaquim Levy presentó un plan de austeridad que contempla crear un gravamen financiero, aumentar los impuestos a las ventas de inmuebles, y recortar gastos oficiales por 6.800 millones de dólares. En respuesta, la CUT ya anunció medidas de fuerza, la Federación de Industriales de San Pablo lanzó la campaña “No voy a pagar el pato” y Cunha anticipó “una derrota clamorosa” en el Congreso al impuesto al cheque. La amenaza de juicio político pende sobre la presidenta. El Tribunal de Cuentas debe decidir si Dilma usó dinero de bancos públicos para esconder problemas presupuestales antes de ser reelegida en 2014, y el Tribunal Electoral analiza un pedido de la oposición, que la acusa de haber financiado su campaña con dineros de la corrupción en Petrobras. Para Castro, “las posibilidades del ‘impeachment’ son escasas, porque el número de diputados comprometidos a no avanzar por ese camino es mayor que el necesario”. Lo mismo dijo a SEMANA el analista brasileño Murillo de Aragao: “El gobierno de Dilma es frágil, pero tiene respeto como institución y faltan pruebas directas contra ella. En otras palabras depende de nuevos hechos”. De Aragao cree más probable que Lula sea procesado, pues “hay mucha evidencia que debe aclarada. Tal vez el proceso es la mejor manera de aclarar su papel”, dice. Así las cosas, Dilma y Lula se necesitan. Lula estaría molesto porque Dilma no le consultó el plan económico. El periódico Estado de São Paulo publicó una columna que sugiere que el expresidente está considerando quitarle su apoyo a Dilma para adoptar el papel de “salvador”. Para De Aragao es al revés: “Lula depende más de Dilma, de lo que ella depende de él. Dilma tiene el gobierno y se puede recuperar y, así, ayudar a respaldar a Lula”.