Basilio Juracán, alcalde del municipio de Concepción (Sololá, al oeste de esta capital), fue salvajemente asesinado este domingo por una turba de vecinos que responsabilizó al funcionario de un ataque a tiros de un rival político, en el que murieron dos adolescentes de 17 y 16 años, que viajaban en el vehículo agredido.
Según informaciones de los cuerpos de socorro, todo empezó cuando un ex candidato a la alcaldía de la población, Lorenzo Sequec viajaba por una carretera comarcal rumbo a la población. En un punto del recorrido, una furgoneta descubierta, tipo pick up, adelantó al vehículo de Sequec, se atravesó en la carretera para impedirles el paso y disparó contra los ocupantes, con el saldo de las dos adolescentes muertas y dejando heridos a otros cinco ocupantes del vehículo, entre ellas el político a quien iba dirigido el atentado.
La rivalidad entre los dos políticos se acrecentó después de que Sequec, el candidato perdedor de las elecciones generales del 6 de septiembre, denunciara al alcalde asesinado de negocios turbios en su administración y pidió que fuera investigado. Con ese antecedente, los vecinos responsabilizaron a Basilio Juracán del atentado. Organizaron piquetes de búsqueda en casas de sus familiares y, al no encontrarlo, quemaron tres de sus viviendas y dos coches. Paralelamente a la ‘caza de brujas’, otro grupo bloqueó todas las vías de acceso, para impedir el ingreso de las autoridades.
Cuando el supuesto agresor fue encontrado, los vecinos lo golpearon brutalmente para luego rociarlo de gasolina y quemarlo vivo. En la agresión uno de sus hijos fue herido con machete.
La impunidad del crimen en Guatemala ha convertido a los linchamientos en una práctica común. Un estudio de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) revela que desde 2008 hasta 2014, se han registrado 1.221 linchamientos. Hasta 236 de las víctimas murieron a manos de las turbas y 985 sufrieron golpes de diversa gravedad. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2015, 18 personas han sido asesinadas en linchamientos y 60 más lograron salvar la vida después de ser bárbaramente golpeadas.
De acuerdo al director del GAM, Mario Polanco, la población ha optado por “tomar justicia por propia mano, ante la incapacidad de las autoridades de cumplir con su obligación de proteger a la ciudadanía, y no imponer sanciones ejemplares a los delincuentes”.
Fuentes judiciales argumenta que a los jueces no les queda más remedio que soltar a los acusados de diversos delitos, ante la incapacidad de la Fiscalía y la policía de presentar pruebas contundentes que permitan sancionarlos.
