© M. D. Castañeda Cientos de venezolanos cruzan desde Táchira a Cúcuta.
La crisis abierta por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al decretar el estado de excepción y cerrar parte de la frontera con Colombia se ha vuelto un problema político para su homólogo Juan Manuel Santos. Su decisión de apostar por la vía diplomática y el diálogo le ha comenzado a generar críticas internas, entre los que le reclaman más firmeza ante las provocaciones del líder venezolano y una mayor presencia institucional del Estado en la frontera, donde ayer ya habían llegado cerca de 1.000 personas entre deportadas y repatriadas.
El Gobierno colombiano no parece haber calibrado la imprevisibilidad de Maduro. El presidente venezolano decidió el pasado miércoles cerrar parte de la frontera durante 72 horas, después de que tres militares venezolanos resultaran heridos en un incidente en San Antonio del Táchira, atribuido por el Gobierno de Caracas a paramilitares colombianos y contrabandistas. Bogotá criticó la medida, pero sin levantar demasiado la voz; lo asumió como algo pasajero, como otro intento más de Maduro por buscar un enemigo externo para desviar la atención ante la crisis económica e institucional que vive el país.
Lejos de apaciguarse, la situación ha empeorado desde que el viernes el mandatario venezolano decretase el estado de excepción, suspendiese las garantías constitucionales en cinco municipios fronterizos –el lunes lo amplío a un sexto- y haya vaticinado un “proceso duro y largo” para reabrir la frontera. Con cerca de 1.000 personas deportadas y repatriadas, caso de los menores de edad, al Gobierno colombiano no le ha quedado más remedio que empezar a hablar de “crisis humanitaria”.
Frente al discurso grandilocuente y provocador de Maduro, que prácticamente ha intervenido todos los días desde que decidiese cerrar la frontera, Santos ha optado por buscar una salida diplomática al conflicto y ha insistido desde el primer momento por la vía del diálogo. Incluso se mostró abierto a tratar el asunto de forma directa con el presidente venezolano, algo que hasta el momento no ha ocurrido. Venezuela, ávido comprador de alimentos y bienes de consumo, es un importante socio comercial de Colombia y ha sido un actor relevante en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana con las FARC. Muchos de los líderes de la esta guerrilla y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), permanecen en territorio venezolano, donde han tenido una fuerte presencia en los últimos años.
La cauta postura de Santos, sin embargo, le ha terminado por generar críticas dentro de Colombia. Diversos sectores, encabezados por la oposición del expresidente y senador Álvaro Uribe, le reclaman mayor firmeza ante las declaraciones de Maduro y una mayor presencia institucional en la frontera. No fue hasta el domingo cuando se desplazó a Cúcuta, la localidad más afectada, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El lunes hizo lo propio la canciller, María Ángela Holguín, que se reunirá este miércoles en Cartagena de Indias con su homóloga, Delcy Rodríguez, para tratar de buscar una salida a la crisis.
Ambos ministros fueron recibidos con frialdad por los habitantes de la zona, tradicionalmente partidaria de Uribe. Precisamente el expresidente, fue vitoreado a su llegada a Cúcuta el lunes por la noche. Prácticamente al mismo tiempo en que Maduro lo acusaba en una rueda de prensa con medios internacionales de ser el cerebro de la conspiración en la frontera, Uribe, megáfono en mano, lanzó un discurso que, lejos de tener fronteras, parecía no tener límites, al llegar a comparar la deportación de colombianos con el Holocausto judío en la Alemania nazi de Hitler. Las guerras verbales de antaño entre el propio Uribe y Hugo Chávez, silenciadas con la llegada de Santos al poder en Colombia, volvían a cobrar vida por momentos.
La crisis fronteriza surge en medio de un contexto electoral para ambos países. Venezuela celebrará unas cruciales elecciones parlamentarias el 6 de diciembre y Colombia, comicios regionales el 25 de octubre. La decisión de Maduro de decretar el estado de excepción durante 60 días y no descartar prorrogarlo en el tiempo y el espacio implica que nadie podrá realizar campaña electoral en los municipios afectados. En el caso de Colombia, la oposición uribista, a la que las encuestas no auguran buenos resultados, trata de sacar rédito y aprovechar la baja popularidad del presidente.
Mientras tanto, la crisis humanitaria está lejos de mejorarse. Migración Colombia aseguraba este martes por la mañana que se habían registrado ya deportaciones en La Guajira, otra zona de la frontera de casi 2.300 kilómetros, olvidada históricamente por las autoridades.
